La resistencia del La resistencia del ejército asháninka al mando del Ovayeri (jefe guerrero) Juan Santos Atahualpa (1742 – 1756), detuvo el proceso de colonización española de la selva central por casi cien años. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XIX, la selva peruana fue objeto de nuevos proyectos de colonización principalmente por inmigrantes europeos, franceses, alemanes, italianos, entre otros, que fueron ocupando sistemáticamente territorios indígenas en las actuales provincias de Chanchamayo, Oxapampa y Satipo. A partir de 1868 nuevas oleadas de colonos europeos fueron afincándose en tierras indígenas con apoyo del gobierno y el ejército peruano y con el auspicio de la Sociedad de Inmigración Europea que fue fundada en 1872 con la finalidad de promover la colonización y el desarrollo de la selva peruana, sin embargo, estas acciones traerían consigo la muerte y persecución de la población asháninka, siendo despojados de sus tierras y empujados hacia las profundidades de la selva.
Los pueblos indígenas de la selva central tampoco fueron ajenos a las consecuencias de los malos gobiernos y a la Guerra del Pacífico que llevaron al país al borde de la crisis económica cargando con una gigantesca deuda externa. En 1989 durante del gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se suscribió el “Contrato Grace” con la intensión de solucionar el pago de la deuda externa, el contrato incluía entre otras condiciones, la entrega del guano de las islas, las líneas de ferrocarriles estatales y también la entrega de 500 mil hectáreas de tierras de Chanchamayo y Satipo a la compañía británica Peruvian Corporation por 66 años. Dentro de este territorio se hallaban numerosas comunidades asháninkas, que de la noche a la mañana pasaron de la libertad a la esclavitud, perdieron el derecho sobre sus territorios y fueron sometidos a una cruel servidumbre.
Tras décadas de explotación y abusos, en 1965 finalmente la Peruvian Corporation cesó sus actividades en selva central, dando lugar a la reorganización de las comunidades nativas y la reivindicación de sus territorios, ante una nueva realidad, esta vez producto de la invasión y ocupación de sus territorios por colonos andinos, costeños y traficantes de tierras, así como la reforma agraria promovida por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Surgen entonces los primeros movimientos indígenas con fines organizativos que buscan construir la unidad de los pueblos originarios de selva central en torno a sus valores culturales comunes y la cooperación en actividades de emprendimiento de carácter económico. Se realizaron varios intentos para promover estos espacios en congresos celebrados en el Perené en 1968, en Puerto Bermúdez en 1970, en Satipo en 1974, en la comunidad nativa de Shankivironi, Perené, en 1975.
El 20 de enero de 1978, los representantes de cuatro comunidades nativas de Perené, convocados por el Sr. Miqueas Mishari Mofat, jefe de la comunidad nativa de Mariscal Cáceres, suscriben un acuerdo para la formación de una organización denominada “Central de Comunidades Nativas de la Selva Central del Perú” CECONSEC, para representar a las comunidades asentadas en los valles de Perené, Satipo y Pichis, de las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, respectivamente, en los departamentos de Junín y Pasco. Un año después en 1979, en un congreso macro regional con participación masiva, 120 comunidades indígenas Asháninkas, Ashéninkas, Nomatsiguengas y Yaneshas, de las tres provincias, expresaron su adhesión a la organización CECONSEC.
En sus orígenes la CECONSEC se crea como una empresa multicomunal con la finalidad de defender y reivindicar sus territorios y la conservación de sus valores culturales como pueblos originarios, su autonomía, autodesarrollo y autodeterminación, pero sobre todo para promover el comercio justo de sus productos agrícolas en forma directa al consumidor, sin intermediarios, como alternativa para mejorar el ingreso económico y generar mayor beneficio para los productores indígenas y sus familias, como un modelo de producción y comercialización aplicable a los pueblos originarios del país. El Ministerio de Agricultura como organismo del Estado debía oficializarla por medio de una resolución para tener el derecho de comercializar y obtener la licencia para dicha actividad.
El 19 de junio de 1980 es reconocida como organización gremial mediante Resolución Directoral N° 407-80-DR-VII, del Ministerio de Agricultura, inscribiéndose en los registros públicos algunos meses después. CECONSEC, se constituye como una Persona Jurídica de derecho social y cuya personería jurídica de derecho privado interno sin fines de lucro, está inscrita en los Registro Públicos de Satipo, Región Junín, con Partida electrónica Nº 11001330 Asiento A00010, como un organismo integrador de las comunidades nativas, para llevar a cabo actividades de comercialización. Sus principios fundadores eran la unidad e integración de las comunidades y se caracterizaba por el sentido de solidaridad, libertad y cooperación mutua.
Si bien al inicio fue una organización de carácter comercial, con el paso del tiempo y las necesidades presentes, fue transformándose en una organización gremial, aunque legalmente continuaba siendo una organización comercial, que se orientaba a la defensa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas.
El movimiento indígena en selva central cobró mayor vigor con las reformas en materia de propiedad de la tierra, promovidas por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, tanto el Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma Agraria, como la Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, transformaron la estructura de titularidad de tierras del país, sustituyendo los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural. Este proceso contribuyó a la reivindicación y la seguridad jurídica de los territorios ancestrales indígenas y la CECONSEC desempeñó un rol muy importante en la larga lucha por la defensa, el reconocimiento y titulación de las comunidades y sus territorios mediante tortuosas gestiones que costaron y siguen costando mucho trabajo y sacrificio por parte de sus dirigentes indígenas.
Luego de los acontecimientos de Bagua-Amazonas, ocurridos el 05 de junio del 2009, motivados por la suscripción por parte del ejecutivo de varios decretos legislativos a favor de empresas transnacionales y que afectaban directamente a las comunidades indígenas de la amazonía, la CECONSEC tomó parte activa en esta lucha siendo una de las organizaciones que promovió el espacio de diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas, con la finalidad de atender sus demandas. Con este objetivo se constituyó el “Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos”, conocido en adelante como “Grupo Nacional”, en el marco de la Resolución Suprema N° 117-2009-PCM, de fecha 10 de junio del 2009 y modificada por la Resolución Suprema N° 211-2009-PCM del 25 de agosto del 2009, que tuvo como tarea la formulación de un plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación, formalización de tierras, seguridad y demás medidas necesarias.
El Grupo Nacional, se constituyó con ocho representantes del Poder Ejecutivo, los Presidentes de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Cusco, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cajamarca; y los representantes de las organizaciones indígenas amazónicas. Este espacio en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el apoyo técnico del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), acordó la conformación de cuatro mesas de trabajo, asignándoles diferentes tareas a cada una de ellas y siendo la “Mesa de Trabajo N° 4” la encargada de formular el documento denominado “Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico”, la misma que se ha ido implementado parcialmente en los años siguientes y en cuyo seguimiento la CECONSEC jugó un papel muy importante.
Surgimiento de nuevas organizaciones en el ámbito de la CECONSEC.Por razones de cobertura y distancias y por motivos de funcionalidad institucional, el año 1980 la CECONSEC promueve y facilita la creación de organizaciones en cada valle. Nace así ANAP, OARA y FECONAYA. Luego surgiría la CART y OCARE. Esta separación de la CECONSEC no estuvo acompañada de una estrategia de seguimiento y mucho menos de una visión organizativa que impulsara el trabajo de las sub organizaciones.
Con el tiempo estas organizaciones empezaron a independizarse, promover su autonomía y alejarse de la CECONSEC entre otros motivos por las deficiencias en la conducción y manejo de la organización por parte de algunos dirigentes, sobre todo en lo concerniente a la administración financiera relacionada a la exportación de café que terminó afectando la economía de las comunidades.
Mientras la CECONSEC se desacreditaba ante la mirada atenta de las comunidades, y perdía fuerza como organización, los dirigentes de entonces usufructuaron y se beneficiaron con proyectos que administraba directamente y cuyos recursos provenientes de Oxfam, la UNESCO u otros, fueron mal manejados.
Con la constitución de la ARPI-SC y de AIDESEP, se supuso que CECONSEC retomaría mayor protagonismo en la región sin embargo ocurrió todo lo contrario. Mientras estas organizaciones canalizaban los fondos de la cooperación técnica internacional y acaparan el interés de las agencias de desarrollo, la CECONSEC quedó relegada a una organización de carácter gremial que languidecía por falta de apoyo y recursos.
Estas experiencias del pasado han servido para replantear la gestión de la organización en las últimas décadas, también así para identificar las debilidades y fortalezas tomados en cuenta en el proceso de consolidación de la organización que en los últimos años se ha convertido en un referente a nivel de los pueblos amazónicos.
